Como servicio especializado de asesoramiento para personas trabajadoras sexuales, bajo titularidad eclesiástica, acompañamos cada día a personas que ejercen el trabajo sexual. Realizamos visitas en los lugares donde se ejerce, asesoramos en cuestiones jurídicas, sanitarias y sociales, apoyamos en situaciones de crisis y en la salida voluntaria de la actividad. Nuestro trabajo se basa en la dignidad humana, la autodeterminación, la participación y la protección frente a la violencia y la discriminación.

El trabajo sexual es una realidad social

Las personas lo ejercen por motivos diversos: económicos, pragmáticos o personales. Muchas personas trabajadoras sexuales subrayan su autodeterminación y reclaman, sobre todo, condiciones de trabajo seguras, reconocimiento social y protección jurídica y social. Sus perspectivas deben ser el punto de partida de las decisiones políticas.

Ocultas y de difícil acceso

Rechazamos el llamado «modelo nórdico», que criminaliza la compra de servicios sexuales. La experiencia demuestra que la criminalización de la demanda puede desplazar el trabajo sexual hacia ámbitos más ocultos y de difícil acceso. La presión de tiempo, el aislamiento y la falta de posibilidades de acordar medidas de seguridad debilitan los mecanismos de protección que las propias personas trabajadoras sexuales han desarrollado. Las formas de trabajo seguras, como trabajar en grupo o en lugares conocidos y controlados, se dificultan o resultan imposibles. Además, se obstaculizan tanto la labor de asesoramiento como el control de los establecimientos por parte de las autoridades, y aumentan el riesgo de violencia y los peligros para la salud.

Las consecuencias afectan también a la esfera privada de las personas trabajadoras sexuales

Una criminalización de la supuesta «promoción de la prostitución» puede dar lugar a que las personas trabajadoras sexuales sufran discriminación, por ejemplo, en el acceso a la vivienda o a servicios digitales. De este modo, se reduce a las personas a su actividad profesional y se las excluye de la participación social.

Autodeterminación en lugar de generalizaciones

Resulta además problemático partir de la premisa de que el trabajo sexual es, en esencia, violencia o explotación. Esto refuerza la estigmatización y niega de forma generalizada a las personas trabajadoras sexuales la capacidad de tomar decisiones por sí mismas. Una política social eficaz, por el contrario, debe reconocer realidades de vida diversas e incluir las voces de las personas trabajadoras sexuales.

Por ello, nos comprometemos con una política cuyo objetivo sea la despenalización, los derechos, la protección laboral y de la salud, así como un apoyo de fácil acceso. Esto incluye:

• una mayor protección en materia laboral, de residencia y de seguridad social
• acceso sin discriminación a la atención sanitaria y al asesoramiento
• mejores condiciones de trabajo y una protección eficaz frente a la violencia y la explotación
• opciones de salida voluntaria, sin coacción ni estigmatización, así como un acceso facilitado a cursos de idiomas, al mercado laboral y al mercado de la vivienda
• una lucha coherente contra la trata de personas y la prostitución forzada

Nombrar y combatir la trata de personas y la explotación
Una postura basada en los derechos humanos no significa ignorar la violencia, la explotación o la trata de personas. Estas deben combatirse de manera específica: mediante la persecución penal coherente de quienes las cometen, el apoyo social y el fortalecimiento de los derechos de las personas trabajadoras sexuales, pero no mediante una criminalización generalizada como la que prevé el «modelo nórdico».

Nuestra misión eclesial: solidaridad y dignidad humana

Como institución de la Iglesia, entendemos que nuestra misión es apoyar a las personas con independencia de valoraciones morales y respetar su dignidad. Solidaridad, respeto y justicia significan tomarse en serio la autodeterminación, fortalecer los derechos y hacer posible la participación social.
Abogamos por una política que apueste por el diálogo, los derechos y la protección. Una política social y basada en los derechos humanos no debe hablar sobre las personas trabajadoras sexuales: debe hablar con ellas.

cara*SH setzt sich dafür ein, Sexarbeitende in ihren Rechten und ihrer Selbstbestimmung zu stärken und ihre Stimmen in politischen, gesellschaftlichen und kirchlichen Diskursen hörbar zu machen. Als Fachberatungsstelle in Trägerschaft der evangelisch-lutherischen Kirche in Norddeutschland stellt sie sich solidarisch an ihre Seite. Für cara*SH ist es selbstverständlich, die Themenfelder Sexarbeit, Zwangsprostitution und Menschenhandel differenziert zu betrachten. Sexarbeit und Menschenhandel sind verschiedene Sachverhalte mit unterschiedlichen Rechtsgrundlagen.
Auf dem Deutschen Evangelischen Kirchentag 2025 gab es eine Podiumsdiskussion „Sexarbeit zwischen Anerkennung und Kriminalisierung” mit der Frage nach einer gerechten Prostitutionspolitik. Eine Teilnehmerin aus dem Publikum stellte sich in einem spontanen Wortbeitrag als eine von Menschenhandel betroffene Person vor und schilderte ihre Perspektive. Auch äußerte sie Unmut darüber, dass ihr nicht zugehört werde, insbesondere, als ihr Wortbeitrag durch die Moderatorin beendet wurde.
Aus unserer Sicht ist dies eine Verschiebung der Thematik: Auf diesem Podium ging es um die aktuelle politische Situation in Bezug auf Sexarbeit. Durch den Inhalt des Wortbeitrages wurde Menschenhandel mit Sexarbeit gleichgesetzt. Dies ist für uns nicht zielführend. Leider haben wir in einer vorhergehenden Kommunikation einen Fehler gemacht und die Person aus dem Publikum fälschlicherweise dem Verein Sisters e.V. zugeordnet. Dies führte für Ruby Rebelde, in der Sexarbeit tätig, zu Nachteilen und mündete in einer juristischen Auseinandersetzung. Wir haben Ruby dafür um Entschuldigung gebeten und bedauern unseren Fehler aufrichtig.